Durante los últimos años se han ido desarrollando en muchos países instrumentos económicos en materia ambiental. Dichos instrumentos parten de la idea de que es necesario, no sólo decirle a los individuos y a las empresas lo que pueden o no pueden hacer en relación al medio ambiente, sino también incentivar o desincentivar económicamente determinadas actividades o conductas con impacto sobre el medio natural.
Así, los instrumentos económicos son considerados como parte de una estrategia de control indirecto de la contaminación y la diferencia fundamental de estos con los instrumentos tradicionales de control directo (regulaciones de emisiones, de procesos, delitos ambientales, autorizaciones…) radica en que los instrumentos económicos no obligan a hacer algo o a dejar de hacer algo, sino que influyen en “el bolsillo” de la gente para que ésta adopte conductas “deseables” para con el medio ambiente o evite aquéllas “indeseables”, no porque estén prohibidas, sino porque le salen demasiado caras.
Ejemplos de instrumentos económicos en materia ambiental los encontramos desde hace tiempo en nuestro país, si bien es cierto que durante los últimos años han ganado un protagonismo desdeñable para unos y esperanzador para otros.
El pago por servicios ambientales a zonas forestales o el mecanismo de desarrollo limpio, son algunos de estos instrumentos recientemente desarrollados, al igual que los fondos o fideicomisos establecidos con fines ambientales; otros, como es el caso de los derechos o tasas, son bien conocidos por todos nosotros, especialmente la verificación vehicular obligatoria. También existen en México, desde hace tiempo, incentivos para las empresas que invierten en equipo menos contaminante.
Los economistas ambientales insten en que no es lo mismo diseñar un instrumento económico que recaiga sobre el consumidor, que hacerlo en el sentido contrario, esto es, plantearlo como subsidio o ayuda pública.
En el primero de los supuestos nos encontramos con instrumentos que se basan en la idea de que “quien contamina paga”, dicho en otras palabras, el que contamina o va a contaminar asume los costes de la prevención y el control de la contaminación; mientras que, en el segundo caso (los subsidios), es la sociedad en su conjunto la que asume el coste de las acciones para prevenir y controlar la contaminación, toda vez que el subsidio o la ayuda pública se financia con el dinero de todos, distrayendo, entonces, recursos públicos que podrían ser destinados a otros gastos quizá más prioritarios, como la salud , la enseñanza o la seguridad pública.
Por su parte, los detractores de los instrumentos basados en “quien contamina paga” señalan, a su vez, que estos generan inflación, ya que aumentan el precio final de los productos y servicios y que realmente debería hablarse de que “quien consume paga” puesto que, a mayor nivel de consumo, mayor pago.
En la Unión Europea lo tienen claro: los que contaminan (consumidores y usuarios) deben pagar proporcionalmente al número de productos que consuman; de ahí los impuestos ambientales que han diseñado, especialmente dirigidos al sector “atmósfera” y que se traducen en un fuerte encarecimiento del transporte y de todo lo que ello conlleva.
La OCDE, en esa misma línea, anima constantemente a México a eliminar gradualmente los subsidios, pero… ¿y las necesidades de los sectores menos favorecidos económicamente?
Así, los instrumentos económicos son considerados como parte de una estrategia de control indirecto de la contaminación y la diferencia fundamental de estos con los instrumentos tradicionales de control directo (regulaciones de emisiones, de procesos, delitos ambientales, autorizaciones…) radica en que los instrumentos económicos no obligan a hacer algo o a dejar de hacer algo, sino que influyen en “el bolsillo” de la gente para que ésta adopte conductas “deseables” para con el medio ambiente o evite aquéllas “indeseables”, no porque estén prohibidas, sino porque le salen demasiado caras.
Ejemplos de instrumentos económicos en materia ambiental los encontramos desde hace tiempo en nuestro país, si bien es cierto que durante los últimos años han ganado un protagonismo desdeñable para unos y esperanzador para otros.
El pago por servicios ambientales a zonas forestales o el mecanismo de desarrollo limpio, son algunos de estos instrumentos recientemente desarrollados, al igual que los fondos o fideicomisos establecidos con fines ambientales; otros, como es el caso de los derechos o tasas, son bien conocidos por todos nosotros, especialmente la verificación vehicular obligatoria. También existen en México, desde hace tiempo, incentivos para las empresas que invierten en equipo menos contaminante.
Los economistas ambientales insten en que no es lo mismo diseñar un instrumento económico que recaiga sobre el consumidor, que hacerlo en el sentido contrario, esto es, plantearlo como subsidio o ayuda pública.
En el primero de los supuestos nos encontramos con instrumentos que se basan en la idea de que “quien contamina paga”, dicho en otras palabras, el que contamina o va a contaminar asume los costes de la prevención y el control de la contaminación; mientras que, en el segundo caso (los subsidios), es la sociedad en su conjunto la que asume el coste de las acciones para prevenir y controlar la contaminación, toda vez que el subsidio o la ayuda pública se financia con el dinero de todos, distrayendo, entonces, recursos públicos que podrían ser destinados a otros gastos quizá más prioritarios, como la salud , la enseñanza o la seguridad pública.
Por su parte, los detractores de los instrumentos basados en “quien contamina paga” señalan, a su vez, que estos generan inflación, ya que aumentan el precio final de los productos y servicios y que realmente debería hablarse de que “quien consume paga” puesto que, a mayor nivel de consumo, mayor pago.
En la Unión Europea lo tienen claro: los que contaminan (consumidores y usuarios) deben pagar proporcionalmente al número de productos que consuman; de ahí los impuestos ambientales que han diseñado, especialmente dirigidos al sector “atmósfera” y que se traducen en un fuerte encarecimiento del transporte y de todo lo que ello conlleva.
La OCDE, en esa misma línea, anima constantemente a México a eliminar gradualmente los subsidios, pero… ¿y las necesidades de los sectores menos favorecidos económicamente?
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