La Convención Marco sobre el Cambio Climático o Acuerdo de París, firmada por México en el año 2016, ha supuesto importantes cambios en el marco jurídico mexicano para la protección de la atmósfera, especialmente en la Ley General de Cambio Climático, la cual ha sido reformada en 2018 para reflejar en su articulado los compromisos adquiridos por México con la firma de este tratado internacional.
El Acuerdo de París descansa en el principio de responsabilidad común pero diferenciada, de acuerdo al cual no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad en materia ambiental, lo cual se traduce en obligaciones diferenciadas. Dicho principio se ha incluido en la Ley General de Cambio Climático, tras la reforma de 2018, como uno de los principios de la política nacional en esta materia.
Las reformas a esta Ley también establecen la obligatoriedad de crear un mercado de certificados de emisión negociables, además de la posibilidad de que estos certificados se compren y vendan en otros países.
Por otra parte, el listado de competencias estatales y municipales en esta materia, después de la reforma, es muy extenso e incluye facultades normativas, de gestión, de vigilancia y control, para la elaboración de políticas públicas y de participación.
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